TIJUANA, B.C. a 14 de julio de 2026. — La Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento de Tijuana determinó la suspensión provisional de una agente de la Policía Municipal este martes 14 de julio.

La medida cautelar se aplicó para investigar su participación en un incidente ocurrido el pasado 7 de julio, en el que presuntamente se bloqueó el acceso de una madre de familia a una ceremonia de graduación escolar.

El caso tomó relevancia tras la difusión de videos en redes sociales, lo que motivó a la dependencia a iniciar una investigación de oficio para esclarecer los hechos.

El objetivo principal de la Sindicatura es auditar el proceder de los uniformados. Se busca verificar que la intervención se haya realizado en estricto apego a la ley y bajo una estricta perspectiva de género.

La aplicación de esta perspectiva en los procedimientos policiales exige que los elementos actúen libres de estereotipos, garantizando que el uso de la fuerza o la intervención no vulnere de manera desproporcionada los derechos de las mujeres, asegurando un trato digno y empático frente a situaciones de conflicto.

Sobre el avance de la indagatoria, la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, confirmó la recepción de un oficio fechado el 8 de julio, el cual documenta que la agente suspendida habría omitido los lineamientos de intervención.

“El cumplimiento de dichos procedimientos constituye una obligación para las y los elementos policiales ante la posible comisión de un delito, además de que las documentales obtenidas durante la investigación advierten indicios sobre la participación de la agente suspendida en la intervención policial el día de los hechos”, puntualizó Balderas Beltrán.

La separación temporal del cargo operará mientras avanza el proceso de investigación administrativa. Aunque de manera preliminar es una medida preventiva, si las diligencias comprueban violaciones a los protocolos o abuso de autoridad, las consecuencias para la agente podrían escalar a sanciones administrativas definitivas, como la remoción del cargo o la inhabilitación como servidora pública.

No obstante, la titular de la dependencia fue enfática en señalar que la suspensión actual no representa un veredicto anticipado de culpabilidad.

“Esta acción tiene como finalidad evitar que la permanencia de la servidora pública en funciones pueda incidir en el desarrollo de la investigación, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso y a sus derechos laborales”, concluyó la funcionaria.

El procedimiento continuará con el desahogo de pruebas y testimonios para determinar el grado de responsabilidad de la oficial involucrada. Este caso perfila un precedente en la actual administración municipal sobre la rigurosidad con la que se evaluará el cumplimiento de los protocolos de actuación policial, subrayando la obligación de las fuerzas de seguridad de operar con estricto respeto a los derechos humanos y sensibilidad hacia la ciudadanía.