TIJUANA, B.C. a 20 de junio de 2026. — La titular de la Sindicatura Procuradora del XXV Ayuntamiento, Teresita Balderas Beltrán, advirtió que las recientes reformas al Reglamento de Tránsito y Control Vehicular de Tijuana en materia de vidrios polarizados carecen de especificaciones técnicas, lo que genera un escenario de incertidumbre jurídica tanto para los automovilistas como para los agentes encargados de aplicar la sanción.
La funcionaria municipal detalló que las modificaciones, aprobadas durante la administración anterior, establecen disposiciones generales pero omiten parámetros normativos y operativos fundamentales. Entre los principales vacíos destaca la falta de definición sobre los porcentajes exactos de transmisión luminosa permitidos en los cristales y la ausencia de criterios técnicos que determinen si un vehículo cumple o no con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM).
Aunado a esto, la revisión del Órgano Interno de Control arrojó que el reglamento actual no estipula los mecanismos formales de verificación ni prevé la dotación de herramientas de medición objetivas para los elementos de seguridad pública.
Al carecer de instrumentos estandarizados para medir el nivel de opacidad, el criterio queda a juicio de cada oficial. “La falta de estos criterios puede dar lugar a interpretaciones distintas al momento de aplicar la normatividad, generando dudas tanto para las y los ciudadanos respecto a los límites permitidos, como para los oficiales responsables de supervisar su cumplimiento”, puntualizó Balderas Beltrán.
Ante el riesgo de que las omisiones deriven en aplicaciones arbitrarias de la ley o inconformidades ciudadanas, la Sindicatura Procuradora urgió a fortalecer el marco reglamentario del municipio.
Para solventar estas deficiencias, la actual administración municipal mantiene activas diversas mesas de trabajo. El objetivo de estas reuniones es incorporar parámetros técnicos claros, definir procedimientos de actuación uniformes y establecer mecanismos de verificación confiables que otorguen plena certeza jurídica a todas las partes involucradas en la vía pública.








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