* La
gobernadora sostuvo una reunión de trabajo con el ombudsperson
bajacaliforniano, a fin de articular acciones conjuntas para continuar con la
consolidación de los derechos humanos en la entidad

MEXICALI,
Lunes, 11 de diciembre de 2023.- Para refrendar el compromiso de la
administración estatal con promover e impulsar los derechos humanos en las
políticas públicas, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila
Olmeda, sostuvo una reunión de trabajo con Jorge Álvaro Ochoa Garduño,
presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California
(CEDHBC), con quien abordó aspectos torales para el presente y el futuro de los
derechos humanos de la entidad.

La mandataria destacó el trabajo realizado en
materia de derechos humanos, especialmente la reciente publicación en el
Periódico Oficial del Estado del Programa Estatal de Derechos Humanos de Baja
California 2022-2027, en el que se articulan acciones interinstitucionales para
salvaguardar la dignidad de todas las personas desde la función pública.

La titular del Poder Ejecutivo del Estado
destacó el trabajo que se realiza desde la Secretaría General de Gobierno del
Estado (SGG), que encabeza Alfredo Álvarez Cárdenas, para privilegiar la
necesidad de gobernar con un enfoque derechohumanista en favor de todas y de
todos, especialmente de grupos de atención prioritaria que fueron ignorados por
décadas.

Por su parte, el ombudsperson de Baja
California reconoció la iniciativa de la gobernadora Marina del Pilar para
establecer pautas con perspectiva de derechos humanos en el diseño e
implementación de políticas públicas, así como la apertura para atender pendientes
históricos y estructurales en la materia.

En ese sentido, celebró el acercamiento de
distintas áreas del Gobierno del Estado hacia el Organismo, tanto para el
seguimiento a Quejas y Recomendaciones, como para la construcción de programas
principalmente orientados a la atención de grupos que requieren atención
prioritaria.

Además, reconoció la
publicación del Programa Estatal y consideró que se trata de un instrumento que
marca la pauta del trabajo conjunto entre el organismo y las autoridades para
desarrollar condiciones en que ninguna persona vea violentados sus derechos, y
se garantice un entorno de dignidad en el estado.